La mujer reside en San Vicente . Le habían sacado el beneficio y la obra social, que usaba para tratar su ceguera, por considerarla extranjera. Luego de varios trámites volverá a tener la prestación
En varias oportunidades en los últimos años este medio reflejó la situación de adultos mayores que viven en localidades de frontera y perdieron sus beneficios previsionales al ser señalados como extranjeros.
La situación de la mayoría es de extrema vulnerabilidad y falta de instrucción y a pesar de residir desde hace décadas en el país y contar con la radicación, muchas veces carecen de DNI o algún otro documento legal que prueben esa realidad.
Amparados en esto último fue que desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se valieron de ese argumento para interrumpir el pago de jubilaciones o pensiones que cobraban varios de ellos y sin mayores explicaciones quedaron a la deriva, algunos al borde de ser enjuiciados por presuntas estafas al Estado nacional.
Los casos se cuentan en localidades y colonias de la ruta 12 y 14 y uno de ellos, que refleja tal cual fue el accionar, es el de María Rivas, una adulta mayor de 90 años de San Vicente que hace cinco años había dejado de percibir su beneficio previsional.
Ahora, después de un lustro de trámites, la mujer volverá a gozar del beneficio jubilatorio que le fue arrebatado. Pero antes debió trajinar por dependencias y hacer decenas de gestiones.
Según explicaron, recuperará no sólo el pago mensual (con la posibilidad de volver a tener obra social), sino también el retroactivo de todo lo retenido durante este tiempo.
Intempestivo
La sucesión de malos tragos que soportó no la hicieron perder la esperanza. En 2016 a la mujer, y de forma intempestiva, le comunicaron la caída de su jubilación por ser “extranjera”, acusándola de haber cometido una irregularidad previsional y hasta amenazándola con cobrarle judicialmente cada peso que se le pagó en años anteriores. Pero María vive en la tierra colorada desde hace 65 años, tuvo diez hijos y 20 nietos, todos argentinos, lo que ayudó para probar que no mentía.
Hechos como el que vivió María se repitieron en varias provincias, principalmente en las que tienen límites internacionales.
Ahora la mujer recuperó el beneficio que le correspondía, pero en el camino perdió a su compañero de vida, que cayó en una depresión y falleció. Ella está ciega y por cinco años no pudo atenderse con su obra social.
Tras el cambio de gobierno nacional, la Anses, actualmente a cargo de Fernanda Raverta, inició un minucioso proceso de revisión de las jubilaciones caídas por orden del gobierno nacional anterior, especialmente las que afectan a ancianos y ancianas de las zonas rurales.
Desde el Partido Agrario y Social (Pays) asesoraron y colaboraron con este y otros casos similares. “Desde el gobierno nacional anterior nunca entendieron lo que significan los inmigrantes para nuestra provincia, se manejaron con xenofobia y discriminación. Las zonas rurales están llenas de abuelos extranjeros que tienen la radicación definitiva hace décadas. Trabajaron y forjaron nuestra tierra tanto o más que cualquier argentino, se partieron el lomo en la chacra, se arraigaron y criaron hijos y nietos, pero se los castigó”, comentó el legislador nacional Héctor Bárbaro, uno de los que asistió a María.
En varios casos se evidenció una misma realidad: los gestores y abogados que tramitaron jubilaciones por moratoria hace algunos años consignaron sus propios estudios jurídicos o domicilios particulares para facilitar las notificaciones, porque los lotes rurales donde viven los abuelos son difíciles de determinar y no existe telefonía celular o internet en grandes áreas.
Así, María recuperó no sólo sus haberes y la obra social, sino también una sonrisa que nunca debió habérsele quitado.
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