Ordenaron peritar los celulares de policías imputados por robo de cocaína

En busca de elementos que permitan determinar las responsabilidades en el escándalo por la desaparición de un kilo de cocaína del depósito de secuestros de la Unidad Regional II de Oberá, el Juzgado Federal de Oberá ordenó que se periten los teléfonos celulares de los ocho imputado que tiene el expediente.

Se trata de un pedido efectuado por la fiscal federal Viviana Vallejos con el aval del juez federal Alejandro Gallandat Luzuriaga. En tanto, todas las partes fueron notificadas mediante oficio.

Las tareas de peritaje estarán a cargo de personal del Escuadrón 11 San Ignacio de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quienes dispondrán de cinco días hábiles para elevar el correspondiente informe técnico, según precisaron fuentes del caso. Por el momento el expediente FPO 3916/2020 tiene a seis policías y dos civiles como imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El faltante de cocaína fue detectado el 11 de agosto y desde un primer momento las sospechas apuntaron al jefe y personal de la División Toxicomanía de la UR II, responsable de la custodia del depósito de secuestros que se hallaba en el edificio de la Seccional Tercera.

De todas formas, en el lugar no hay cámaras ni se llevaba un registro de guardia exhaustivo, lo que hasta el momento dificultó determinar la responsabilidad material del hecho.

En este contexto, desde la fiscalía consideraron que el peritaje de los celulares de los implicados podría arrojar algún dato o vínculo que permita avanzar en la pesquisa.

Llamativamente, la pericia recién fue ordenada a tres meses de la denuncia que disparó la investigación en curso. Tampoco se puede soslayar lo relativo de esta, ya que es de práctica que los integrantes de Toxicomanía utilicen por los menos dos teléfonos.  “Pero es mejor agotar todas las instancias”, graficó un vocero.

Pericia “no concluyente”

Entre las pruebas requeridas por la Justicia para avanzar en las responsabilidades por la desaparición de la droga se halla la pericia química a la que fue sometida una dosis de 6 gramos de cocaína secuestrada en el allanamiento de una vivienda, procedimiento ordenado en el marco de la misma causa.

Dicha dosis fue comparada con el contenido de otros tres paquetes del mismo lote que estaba en resguardo del depósito policial.

De todas formas, según confirmó una fuente con acceso al expediente, el análisis del estupefaciente “no fue concluyente ni arrojó el grado de certeza necesario” para vincular esos gramos con el lote en cuestión.

Sobre el kilo que falta, se sabe que era una cuarta parte de un secuestro que se concretó el 28 de septiembre del año pasado en la localidad de Campo Viera en poder de Luis L. (51), quien meses más tarde logró burlar la prisión domiciliaria y continúa prófugo, lo que se inscribe como otro bochorno en esta historia.

El narco fue detenido con 4,213 kilos de cocaína de “máxima pureza”, como destacaron entonces las propias autoridades policiales.

La droga estaba dividida en cuatro paquetes ocultos en el doble fondo de un automóvil.

En aquel momento la mercancía fue valuada en 5,5 millones de pesos. También se informó que el sujeto poseía un amplio prontuario por estafas y otros delitos.

Al momento de la captura llevaba una mochila en cuyo interior encontraron un envoltorio con una sustancia blanca que al ser expuesta al test orientativo dio positivo para clorhidrato de cocaína. Además tenía 106.000 pesos en efectivo y tres teléfonos celulares.

Pedido de nulidad

Por otra parte, se aguarda la resolución a un planteo de nulidad efectuado por la defensa de tres imputados que podría desactivar la principal línea de investigación que existe hasta el momento.

Ocurre que si bien el faltante fue detectado el 11 de agosto, recién tres días más tarde la Jefatura de la Policía de Misiones ordenó el pase a disponibilidad (la suspensión temporal) de quien entonces ostentaba el cargo de jefe de Toxicomanía, subcomisario Carlos Ariel L., y de dos subalternos.

Por ello, en ese lapso de tres días el ex titular de la dependencia continúo ejerciendo sus funciones con normalidad y habría colaborado con la investigación de GNA, al punto que existen indicios de que fue quien aportó el dato que derivó en el allanamiento donde se secuestró la cocaína que luego fue peritada para tratar de determinar su origen.

En consecuencia, la defensa de tres de los imputados planteó la nulidad del procedimiento porque consideran que “fue digitado por otro de los imputados con la intención de desviar la investigación y perjudicar a terceros”, precisaron fuentes del caso.

Reincidentes

Tras detectarse el faltante de cocaína, desde un primer momento las sospechas se enfocaron en los policías encargados de la custodia de la misma, ya que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la droga disponían de las llaves.

En tanto, se estableció que las llaves eran responsabilidad del subcomisario Carlos Ariel L. y del oficial auxiliar Hugo Ariel B., ex jefe y segundo a cargo de Toxicomanía, respectivamente.

Por ello, según fuentes del caso, hasta el momento ambos oficiales aparecen como los más complicados y afrontarían los mayores cargos.

Incluso, de los seis policías imputados son los únicos que poseen antecedentes judiciales, tal el informe de antecedentes recepcionado por el Juzgado Federal de Oberá.

Precisamente, tal como anticipó El Territorio en ediciones anteriores, Carlos Ariel L. y Hugo Ariel B. están imputados en el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado el 26 de abril del 2011 en una celda de la Seccional Primera de Oberá, causa que fue elevada a juicio pero aún sin fecha designada.

Por el hecho fueron procesados trece policías que entonces se desempeñaban bajo la órbita de la Unidad Regional II.

Los citados están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, la misma carátula (más peculado) que como mínimo podría corresponderles en el marco del escándalo por la desaparición de la cocaína.

Acusaciones cruzadas

En sucesivas declaraciones, los subalternos de la desmantelada División Toxicomanía apuntaron sospechas hacia el ex jefe, quien por su parte repartió culpas y reconoció limitaciones propias.

Por ejemplo, dijo que no contó con capacitación específica para hacerse cargo de la división que dirigía y que muchas veces descuidó su tarea específica para colaborar con otras dependencias, como la Brigada de Investigaciones.

“Noté que muchas personas tratan de perjudicarme, prácticamente todo mi personal, donde tratan de acusarme que llevo una vida económica fuera de lo normal como policía. Me da a entender que casi todos están complotados contra mí”, argumentó el subcomisario Carlos Ariel L.

Asimismo, aceptó que era el máximo responsable de las llaves del depósito de secuestros que se hallaba en dependencias de la Seccional Tercera, al tiempo que alertó a la superioridad sobre la precariedad del mismo, aunque no se mejoraron las condiciones.

El Territorio

Por: Daniel Villamea

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