San Javier: Lo detuvieron injustamente y hace seis años pelea por recuperar su trabajo

Durante la madrugada del 25 de diciembre de 2012, por los festejos de Navidad, la avenida Queirel, de San Javier rebosaba de gente. Autos con música fuerte, silletas y conservadoras se habían instalado frente al boliche Maluco, que también había agotado su capacidad. Sin embargo, cerca de las 3.30 llegaron las corridas.

Dentro del local bailable, varias personas empezaron a sentir irritación, presumiblemente provocada por gas pimienta. Algo totalmente irresponsable. Las informaciones entonces brindadas por la Policía de Misiones indicaron luego que por el hecho había sido detenido a un hombre perteneciente a la Prefectura Naval Argentina (PNA).

El efectivo es Diego Sosa (42), oriundo de La Dulce, pero entonces con prestación de servicios en Buenos Aires. En esas fiestas se encontraba de vacaciones junto a su mujer -que también pertenece a la fuerza- e hijos, pero su vida cambió para siempre. Fue el “inicio de una pesadilla”, tal y como él cuenta a El Territorio.

Xuxa, como lo conocen, sólo estuvo unas horas detenido, pero ese día marcó el inicio de una pelea que a la larga lo dejó sin trabajo, puesto que seis años después aún intenta recuperar. Es que en el proceso judicial se demostró su inocencia, pero eso no impidió que PNA disponga su baja en noviembre de 2014, algo considerado “desproporcionado” por la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas en un fallo del mes pasado.

Con el voto de la jueza Mirta Delia Tyden de Skanata y las adhesiones de Ana Lía Cáceres de Mengoni y Mario Osvaldo Boldu, se determinó dejar sin efecto su despido “debiéndose reincorporar al señor Sosa en el mismo grado y escalafón jerárquico en el que revistaba antes de la cesantía con percepción íntegra de haberes”. Sin embargo, Prefectura apeló y esa sentencia aún no está firme.

Largo proceso
Según reconstruyó El Territorio, en primera instancia la titular del Juzgado de Paz Contravencional de la localidad, María Melisa Illia, le impuso una multa de diez días o el arresto equivalente por infringir el Código de Faltas Provincial. Sin embargo, Sosa decidió apelar, sobre todo pensando en las consecuencias que podría generarle el sumario administrativo que se instruía paralelamente en la fuerza federal.

De esta manera, en 2013 se determinó su inocencia, tras un fallo absolutorio del juez Correccional y de Menores César Raúl Jiménez.

“Analizando los elementos probatorios y los distintos actos procesales de la causa concluyo en que al apelante le asiste razón, ya que a mi entender, la resolución no tiene apoyo o basamento probatorio alguno, es imprecisa, ya que se basa exclusivamente en el informe policial del sargento Ramón Bueno y en los testigos llamados por la Policía, por lo que como ultima ratio cabría aplicar el principio de inocencia en favor del imputado”, se lee en la sentencia.

Fue el primer indicio de que una investigación con serias irregularidades de la Policía de Misiones lo había perjudicado. Sosa, sin titubeos, asegura que le armaron la causa.

Lo cierto es que a la Prefectura Naval Argentina no le importó su absolución y finalmente decidió su baja. Descartaron la ingesta de bebidas alcohólicas, pero determinaron la grave sanción por “presentarse o conducirse en público o en sociedad de forma incorrecta propiciar o participar en actos públicos o privados que no condigan con la cultura y la seriedad que deban revestir todos los actos del personal de la PNA, al faltar el respeto en términos inapropiados al personal de la Policía de la Provincia de Misiones”.

“Fue una pesadilla. Yo tenía mi núcleo familiar formado todo ahí en La Boca y por esta causa tuve que abandonar todo por razones económicas. Con el sueldo de mi ex señora no podíamos bancar el alquiler, los gastos, todo, y me tenía que defender de esto, porque defenderme desde allá era imposible. Por eso tomamos la decisión de venir a vivir acá. Somos los dos de acá”, aseguró el entrevistado.

Es que además pelear por volver a su trabajo, con la sentencia de Jiménez, el prefecturiano denunció a los policías que intervinieron en el proceso y hasta la jueza Illia ante el Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, a cargo de la magistrada Raquel Zuetta. Esa causa, dijo, tras todos estos años tampoco tuvo avances.

Al volver, Sosa hizo un curso en la Marina Mercante y,  tras navegar dos años, compró un terreno, construyó una casa para su familia e invirtió en un lavadero de autos con el que hoy se gana la vida. Paralelamente, su esposa viajó durante tres años a Buenos Aires para cumplir con su trabajo hasta lograr el traslado a un lugar más cercano. Pero todo estaba roto.

“La Prefectura y esta causa provocaron que terminemos separándonos también, porque ella está en servicio, tiene su postura y sus restricciones. Ella sigue sujeta a un reglamento administrativo y yo no”, resumió Diego. Hoy tampoco tiene el dinero para seguir insistiendo ante las autoridades del Juzgado de Instrucción de Alem que resuelvan su denuncia.

Respecto de su trabajo, aseguró que recurrió a todos sus superiores, al Ministerio de Seguridad de la Nación y hasta el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, pero no tuvo respuestas. Recién ahora, después de ocho años, empieza a ver la luz al final del túnel.

“La Cámara de Apelaciones resolvió como tenía que haber resuelto desde la primera instancia y como se tenía que haber resuelto en Prefectura. Ninguno de los testigos certifica o avala que yo haya cometido semejante barbaridad, que haya tirado gas pimienta. Y menos faltarle el respeto a la Policía. Cualquier persona tiene la obligación de ir y pedir ayuda al ver una situación de esta”, remarcó el damnificado, quien dijo que fue detenido cuando había ido avisar a los efectivos de lo que estaba sucediendo, para que llamen una ambulancia.

Los testimonios
Respecto de la investigación de la Policía de Misiones, el dictamen de los jueces es claro y no sólo señala que “las declaraciones testimoniales de los policías no guardan correlato con ninguna prueba”, sino que nombra graves irregularidades con los testigos que aportaron a la pesquisa.

La magistrada Mirta Delia Tyden de Skanata remarcó que una testigo -se detalla nombre y apellido – declaró ante PNA que “…fue citada por la Policía, circunstancia en que le solicitaron que declare algo que ella nunca vio…”.

Y sigue, respecto de otro declarante, que “además de manifestar que no vio al señor Sosa agredir física o verbalmente a ninguna persona o al personal policial que se hallaba en servicio adicional en el lugar”, agregó que “…en ningún momento fue efectuada la íntegra lectura de la declaración…””.

Siempre según la resolución judicial a la que tuvo acceso este medio, otros cinco testigos que estaban en el lugar de los hechos expresaron que no vieron a Diego Sosa agredir a los efectivos policiales. Incluso desde el local bailable manifestaron tener reproches por su actitud, expresando que se lo vio prestando colaboración y dando aviso a las autoridades del incidente.

También se destacó que la conducta de Sosa dentro de PNA fue calificada a lo largo de su carrera como “excepcional, sobre lo normal o normal” por sus superiores.

Consultado por si quiere volver a trabajar, Xuxa Sosa no dudó y afirmó: “Yo entré por vocación y ante una situación donde fui atropellado por el funcionario de otra institución, fui abandonado por mis superiores. Nos enseñan en las instituciones que nosotros tenemos que resguardar los derechos de todos los ciudadanos, pero estando de licencia se vulneraron mis derechos con una causa armada”.

El entrevistado no dejó de mencionar el caso de Cristina Vázquez (falleció el pasado miércoles, a meses de recuperar la libertad tras pasar once años presa injustamente), señalando que “si hacen esto con una contravención, que pueden hacer por un caso más grave”.

“Acá no murió nadie, pero perdí muchos años de mi trabajo por errores judiciales. No puede ser que ningún funcionario pague por sus errores. Me refiero a policías, jueces y jefes de Prefectura”, concluyó.

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